Gobierno presenta proyecto para reformar el INDH: reduce su Consejo y elimina facultad de presentar querellas

Durante la tarde de este lunes, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó ante la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley que busca reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), mediante cambios en su estructura interna, sus atribuciones y su sistema de gobernanza.

Entre las principales modificaciones, la iniciativa propone reducir de once a cinco el número de integrantes del Consejo del organismo y establecer períodos de cuatro años, con la posibilidad de una única nueva designación.

El proyecto contempla, además, un nuevo mecanismo de nombramientos que combina la participación del Congreso, el Ejecutivo, las organizaciones de la sociedad civil y el ámbito académico.

En materia de atribuciones, la propuesta busca eliminar la facultad del INDH para presentar querellas criminales, reemplazándola por la posibilidad de formular denuncias ante los organismos correspondientes. No obstante, mantiene la facultad de interponer recursos de protección y amparo.

Cambios en la composición del Consejo

La iniciativa establece que dos integrantes del Consejo serán designados por el Senado, a partir de candidatos vinculados a organizaciones de la sociedad civil; otros dos serán nombrados por la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras que el quinto será designado por los decanos de las escuelas o facultades de Derecho de universidades integrantes del Consejo de Rectores y de universidades autónomas.

En cuanto a los nombramientos parlamentarios, el proyecto establece un quórum de cuatro séptimos de los senadores en ejercicio para aprobar a los dos consejeros propuestos por el Presidente de la República. El mismo quórum se exigirá para los dos integrantes designados por la Cámara de Diputadas y Diputados.

La propuesta busca establecer un sistema de nombramientos que combine la participación de los poderes públicos y de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer el pluralismo y la representatividad del organismo.

Eliminación de querellas y nuevo cargo ejecutivo

Otro de los ejes de la reforma es la eliminación de la facultad del INDH para presentar querellas criminales. En su reemplazo, el organismo podrá denunciar hechos ante las instituciones competentes, mientras que conservará la posibilidad de recurrir de protección y amparo.

Asimismo, el proyecto incorpora la figura del amicus curiae, que permitirá al Instituto presentar informes especializados en causas judiciales relacionadas con los derechos humanos. Este mecanismo busca aportar antecedentes técnicos a los tribunales sin que el organismo adquiera la calidad de parte en el proceso.

La iniciativa también contempla crear el cargo de director ejecutivo, con el propósito de separar las funciones de dirección superior de las tareas de administración y gestión operativa.

El nombramiento se realizará mediante un concurso de Alta Dirección Pública. El Consejo de Alta Dirección Pública elaborará una terna de candidatos, de la cual el Consejo del INDH deberá escoger al nuevo director ejecutivo. Quien resulte designado ejercerá por cinco años, con la posibilidad de ser renovado por un período consecutivo adicional.

En materia de transparencia, la propuesta establece contenidos mínimos para el informe anual del organismo. Este deberá incluir las actividades realizadas, las recomendaciones formuladas a los órganos del Estado, el nivel de cumplimiento de estas y la ejecución presupuestaria.

Reforma contempla reducción de personal y gasto fiscal

El informe financiero del proyecto proyecta una disminución de la dotación de trabajadores de las oficinas regionales del INDH y de su unidad de protección, en el marco de la reorganización territorial y de la eliminación de la facultad de presentar querellas criminales.

En concreto, el documento considera reducir en un 50% la dotación de las oficinas regionales en un plazo de un año y medio. Además, estima una disminución del 70% de los abogados de la unidad de protección, como consecuencia de los cambios en las atribuciones judiciales del organismo.

En términos presupuestarios, el informe financiero proyecta que la reforma permitiría reducir el gasto fiscal en aproximadamente $1.210 millones durante el primer año y en $3.113 millones durante el segundo.

Una vez que las medidas estén plenamente implementadas, el ahorro estimado alcanzaría cerca de $3.721 millones anuales.